La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertó este jueves sobre la presencia de 'graves irregularidades' en casi más de una decena de comercios online de ropa a raíz de las múltiples denuncias que ha recibido en su plataforma Reclamar. Según la organización, cada una de estas webs reúne al menos 20 consultas y reclamaciones en lo que va de año.

Productos de calidad inferior

Tal y como expone la organización, muchos usuarios denuncian que, tras comprar en esas tiendas, recibieron 'productos de calidad muy inferior a la anunciada o distinta de la esperada' y que tuvieron grandes dificultades para encontrar a los vendedores, dado que no disponían de 'información clara sobre derechos básicos como el desistimiento', que suele ser normalmente de 14 días, al tratarse de comercios en línea.

Asimismo, tampoco obtuvieron respuestas ante las solicitudes de devolución de los importes pagados ni de la resolución de los contratos, algo que la OCU se ha encargado de trasladar a la Fiscalía Provincial de Madrid y a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia), dedicada al apoyo y la regulación del desarrollo y el uso ético de las tecnologías digitales, según informa Servimedia.

Incumplimiento de la normativa digital

La OCU ha comprobado que estas páginas -ellamarbella.es, ninatoledo.com, puravidaclothes.com, valentinavoss.es, aitanahernández.com, casalucia-sevilla.com y manuelasoler.com- presentan posibles incumplimientos de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, al no incluir un aviso legal accesible ni los datos identificativos obligatorios del empresario.

'[Es] una falta de transparencia que vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica y deja a los consumidores en una situación de clara indefensión, ya que en muchos casos los afectados no saben a quién reclamar', explica.

Relevancia en al ámbito europeo

Por otro lado, considera que estos hechos pueden tener relevancia en el marco del Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA), dado que la comercialización de estos productos se apoya en servicios digitales de alojamiento, intermediación, pago o promoción que están sujetos a obligaciones específicas en materia de trazabilidad de comerciantes, transparencia y retirada de contenidos ilícitos.

La OCU ha pedido la coordinación de las autoridades competentes para hacer frente a la situación: 'La reiteración de reclamaciones similares no solo perjudica a los consumidores afectados, sino que compromete la confianza en el comercio electrónico y en la economía digital', señala.

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